La anulación de candidaturas es
una grave vulneración de Derechos y Libertades
Es especialmente preocupante la anulación sin pruebas
de la candidatura de Askatasuna
La principal consecuencia de la anulación de las candidaturas de D3M y Askatasuna por parte del
Tribunal Supremo será que una parte importante de la población de la CAV no tendrá
representación en el próximo Parlamento Vasco. Esta decisión implica una grave vulneración de
Derechos y Libertades básicas en un sistema democrático. Además, es especialmente grave en el
caso de Askatasuna.
La ilegalización de D3M se ha justificado por la conexión de sus candidatos con Batasuna, sin
tener en cuenta el comportamiento de esas personas. El Relator Especial de la ONU ya alertaba
en su informe de que hay que ser especialmente garantista a la hora de decidir la exclusión de una
agrupación que "se ha creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas
actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna". En la práctica, la anulación
de las candidaturas de D3M se ha basado en despojar de los derechos políticos a las personas que
concurrían en sus listas. No ha existido ninguna conducta delictiva de estas personas, únicamente
indicios. Un tribunal no puede tomar una decisión tan grave como ésta en base a unas meras
suposiciones.
En cuanto a la anulación de las listas de Askatasuna, esta resolución del Supremo adquiere tintes
aún más graves y preocupantes. La Abogacía del Estado y la Fiscalía sólo han aportado tres
pruebas: la similitud de los estatutos de dicha formación política con los de Euskal Herritarrok,
que casi la mitad de los candidatos de Askatasuna avalaron la constitución de la plataforma D3M
y conversaciones grabadas en la cárcel entre miembros del Partido Comunista de las Tierras
Vascas (EHAK) sobre la estrategia de la lista "sucia" y la "blanca". Se trata de una argumentación
muy pobre para sostener una sentencia que provoca tan graves consecuencias. Es más, crean un
grave precedente de cara a futuro.
Según la argumentación del Supremo es de suponer que en algún lugar existe una base de datos
en la que están registrados los nombres de todas las personas que ejercieron un derecho
democrático básico, como es apoyar la presentación de candidaturas mediante una firma
depositada ante notario. Una conducta legal y no sancionable a posteriori es considerada como
sospechosa de ser delictiva. Numerosos colaboradores de Lokarri han prestado su firma en
anteriores ocasiones. Cometieron un delito sin ser conscientes de ello? Dónde está esa base de
datos? Se pueden cancelar, tal y como prescribe la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales? Qué ocurre con los militantes de otros partidos políticos que también firmaron?
Las consecuencias que acarrea esta anulación de las candidaturas son graves e irreversibles. El
mínimo respeto a las garantías procesales y jurídicas exige que existan pruebas claras y
contundentes. En este caso no han sido aportadas. La decisión del Supremo se basa en
convicciones morales, argumento absolutamente insuficiente para justificar un recorte tan grave
de Libertades democráticas básicas cuando sólo resta una semana para el inicio de la campaa
electoral.
Es más que probable que esta decisión del Supremo no pase el filtro del Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo. Lo problemático será que ya no habrá vuelta atrás. Las consecuencias
de esta anulación de las candidaturas será irreversible y durante los próximos cuatro aos una
parte importante de la sociedad vasca se verá sin representación en el Parlamento.
9 de febrero de 2009